Exregidores de Valdemoro, Ciempozuelos o Moraleja de Enmedio descartan los amaños en las adjudicaciones de los contratos de las fiestas
La Audiencia Nacional ha retomado esta semana el juicio del caso Púnica, un supuesto entramado en el que diferentes exalcaldes del PP en municipios de la Comunidad de Madrid habrían amañado contratos y adjudicaciones de las fiestas.
El protagonista más mediático del caso es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y número dos de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se enfrenta en este juicio a una condena de hasta seis años de prisión.
La Justicia no solo ha sentado en el banquillo a Granados, sino también a otros 13 acusados más, todos exalcaldes del Partido Popular. Entre ellos se encuentran José Miguel Moreno y José Carlos Boza, exregidores de Valdemoro.
El caso Púnica data de 2004 a 2013, cuando presuntamente – y entre otras cosas – se contrató de forma irregular a la empresa Waiter Music para gestionar los eventos de las fiestas locales de diferentes municipios madrileños – como Valdemoro, Ciempozuelos o Moraleja de Enmedio -. Esta empresa pertenecía a José Luis Huerta, ya fallecido, que era amigo de Granados.
En su declaración, los exalcaldes de Valdemoro, Moreno y Boza negaron los presuntos amaños cometidos para que Waiter Music se quedara con los eventos de las fiestas de Valdemoro.
Ellos no son los únicos que lo han negado todo. En su intervención, el propio Granados ha negado cualquier tipo de acusación. Ha negado implicaciones en este caso y, también, ha desmentido que Huerta le pidiera ayuda económica. Así, en palabras recogidas por EFE a la salida del exlíder del PP de la Audiencia Nacional ha dicho que «no tiene nada que ver» con los ayuntamientos y que «no hay nada». «No sé a qué vengo aquí, la verdad«, ha concluido.
