PSOE, Más Madrid y Podemos sí asisten a la manifestación vecinal por la vivienda, que anteriormente había sido organizada por los socialistas
Nunca unas viviendas sin construir han dado de qué hablar. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Suelo de Leganés (EMSULE), ha sido bloqueado por los partidos de la oposición al no haberse presentado en el pleno del consejo.
Con este hecho, se rechaza la posibilidad de construir las 108 viviendas y reconvertirlas a régimen de venta — antes pensadas para el alquiler —. El objetivo de la oposición, según el presidente del consejo, Francisco Javier Oporto, es «bloquear esta nueva promoción de vivienda pública» para los ciudadanos de Leganés.
La historia de estas (no) construcciones es digna de conocerse. En la pasada legislatura — con PSOE a la cabeza — se hizo realidad este proyecto, paralizado por la oposición y luego lleno de conspiraciones — al conocerse que la empresa adjudicada a la obra estaba en la lista de las incluidas en la «trama Koldo» —. Estas nuevas construcciones en Puerta de Fuenlabrada estaban destinadas para que fueran de alquiler asequible, un proyecto del partido socialista que continúa siendo la realidad que quieren ellos y también Más Madrid y Podemos. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo actual cree que esta «no es la mejor manera de hacer casas» y que EMSULE necesita «crédito para construir», por lo que convertirlas en régimen de compra es «mucho mejor para los leganenses» que, como declaró hace unos días en rueda de prensa el alcalde del municipio, Miguel Ángel Recuenco, «lo que quieren es comprar, no alquilar».
Con la vivienda como máxima preocupación actual en la sociedad y este tema encima de la mesa — para más inri — en Leganés, la manifestación del 30 de noviembre en el municipio congregó a cientos de personas. Varios colectivos vecinales pidieron la creación de una mesa de vivienda, recuperar las 108 viviendas en alquiler de EMSULE y que Leganés sea declarada como zona tensionada de vivienda. Sostienen que «ni el Ayuntamiento de Leganés ni la Comunidad de Madrid han aplicado la figura de zonas tensionadas prevista en la Ley Estatal de Vivienda«, dejando al municipio sin herramientas para regular precios y proteger a sus vecinos. También han solicitado una apuesta firme por un parque público de alquiler potente, estable y “no especulativo”, dicen.
