Entre los acusados se encuentra Noelia Posse, exalcaldesa socialista de Móstoles
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado poner fecha de inicio para el juicio del «caso ITV», el proceso judicial en el que se acusa al anterior Gobierno de Móstoles de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos.
Entre los acusados se encuentra Noelia Posse, exalcaldesa mostoleña del PSOE y actual portavoz del partido en el pleno. A parte, están acusados varias de las personas de confianza de Posse en su época como exregidora y la empresa ITV Móstoles S.L, con la que presuntamente se dieron concesiones de contratos irregulares y «a dedo».
Concluida la fase intermedia del procedimiento y habiendo sido admitidas la mayoría de las pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas, la Sala ha decidido que el siguiente paso en el proceso no puede ser otro que fechar el inicio del juicio, tras varios avances y retrocesos en diferentes niveles jurídicos.
De igual modo, la Audiencia ha acordado admitir también las pruebas de los interrogatorios que se llevaron a cabo durante la primera fase de la investigación judicial a acusados y testigo, así como las pruebas periciales y documentales recogidas tanto por Fiscalía como por acusación y defensa.
El «caso ITV» recoge los presuntos hechos ocurridos en el Gobierno de Móstoles del PSOE en la última legislatura socialista. Fueron los concejales Gabriel Ortega y Susana García, de Más Madrid, quienes en 2022 presentaron la querella contra el Ejecutivo mostoleño por tener indicios sobre presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos.
El origen de los presuntos hechos que denunciaron los concejales de Más Madrid data de 2020, cuando el Gobierno mostoleño llegó a un acuerdo con la empresa ITV Móstoles S.L para poner fin al litigio derivado de la concesión administrativa de la estación de inspección de vehículos del municipio.
La acusación popular entiende que este acuerdo fue «arbitrario» y «ocasionó un perjuicio económico a las arcas municipales» al reducir el crédito que el Ayuntamiento tenía sobre la empresa. Por su parte, las defensas de los acusados niegan «cualquier tipo de irregularidad» y sostienen que el proceso se hizo según los pasos legales pertinentes y «en interés del Ayuntamiento».
